Al menos una parte de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 estaban vivos una semana después de la noche de Iguala, reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Carlos Beristáin, integrante del GIEI, explicó que el año pasado accedieron a archivos de la Sedena, que revelan intercepciones de conversaciones telefónicas entre criminales y autoridades que aluden a los jóvenes.
Hablaban de donde había que mandarlos y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de esos jóvenes estarían vivos en esos días”, indicó en la presentación del cuarto informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa.
El reporte detalla que ese día, Ramón “N”, policía de Tepecoacuilco, Guerrero, habló con Alejandro Palacios, El Cholo, líder de Guerreros Unidos en Iguala. El agente le informa sobre una petición a Gildardo López Astudillo, El Gil, sicario del grupo criminal, para que “les soltaran aunque sea diez (normalistas) para calmar un poco”. Esto, después de que se hallaran fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala.
Ninguna de estas intercepciones, criticó el GIEI, fue incluida en los expedientes.
Francisco Cox advirtió de una judicialización débil contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, por lo que hay riesgo de que no se logre una condena, pese a que hay pruebas de su participación en la construcción de la verdad histórica. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, sostuvo el experto.
Algunos normalistas seguían con vida 8 días después, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; lamenta que no se haya fortalecido la denuncia contra Murillo; podría no haber condena
Con la obtención este año de transcripciones de llamadas telefónicas realizadas alrededor del 26 de septiembre de 2014 en la región del norte de Guerrero se confirmó la participación conjunta entre grupos de la delincuencia organizada, policías estatales y municipales de la región, autoridades de Iguala y de otras localidades, y de mandos de los diversos batallones del Ejército desplegados en la zona para desaparecer a los 43 jóvenes normalistas.
En una rueda de prensa en la Ciudad de México, los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establecieron que la Sedena ha evitado abrir todos sus archivos, contraviniendo la orden dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido.
Los ministerios públicos y fiscales de la Unidad de Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la propia colaboración con la COVAJ (Comisión para la verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa) mostró como el crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública, con parte del Ejército, con parte de policías municipales, policía federal, policía estatal, funcionarios de la administración del propio estado mexicano en los hechos que tienen que ver con el ataque, detención, desaparición forzada de los estudiantes, y todo eso se ha consolidado con los nuevos elementos de prueba.
“Tenemos muchas más cosas en la mano, tenemos mucha más documentación que muestra esa relación de una forma estrecha, no se trata de declaraciones, sino se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de Sedena, del Cisen, y del propio estado”
Se ratificó también que los jóvenes normalistas eran monitoreados a través de un soldado que fue infiltrado entre los estudiantes, que la noche del 26 de septiembre fueron seguidos mediante los sistemas de video del C-4 de Iguala, que tras ser privados de la libertad fueron divididos en al menos tres grupos y que fueron asesinados en diversos puntos, y no cremados en el basurero de Cocula, como se señaló en la primer versión de los hechos.
En la conferencia también se reveló que al menos una parte de los 43 normalistas estaban vivos una semana después de la noche de Iguala.
Carlos Beristáin, agregó que el año pasado tuvieron acceso a archivos de la Sedena, que revelan intercepciones de conversaciones telefónicas entre criminales y autoridades locales que aluden a los jóvenes.
Hablaban de donde había que mandarlos y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de esos jóvenes estarían vivos en esos días”, indicó en la presentación del cuarto informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa.
El reporte detalla que ese día, Ramón “N”, policía de Tepecoacuilco, Guerrero, habló con Alejandro Palacios, El Cholo, líder de Guerreros Unidos en Iguala. El agente le informa sobre una petición a Gildardo López Astudillo, El Gil, sicario del grupo criminal, para que “les soltaran aunque sea diez (normalistas) para calmar un poco”. Esto, después de que se hallaran fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala.
Asimismo, Francisco Cox Vial, también integrante del GIEI, advirtió que hay una débil judicialización en contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y se corre el riesgo de que no se obtenga sentencia condenatoria a pesar de que existen evidencia y pruebas de su participación en la construcción de la “mal llamada verdad histórica”.
Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, lamentó al calificar de grave que no se hayan incluido más evidencias y antecedentes probatorios que hubieran fortalecido las acusaciones contra el exprocurador.
También se confirmó que hubo una reunión entre todos los involucrados en el caso de la que no se tienen detalles, en la que hubo autoridades civiles, policiacas y militares, coordinados por Tomás Zerón.
Carlos Beristain expuso que de acuerdo con testigos el basurero de Cocula no tuvo actividad inusual los días 26 y 27 de septiembre, tampoco tropas que patrullaron la zona reportaron actividad fuera de lo común y que sí se tuvo registro de que marinos llevaron bultos poco antes de que se realizaran las primeras inspecciones en el lugar.
“En el basurero de Cocula no pasó nada. Aquella pira infernal nunca sucedió”
Al presentar su cuarto informe del caso Ayotzinapa, los miembros del GIEI insistieron en que en los cuarteles del Ejército en Guerrero sigue habiendo información recabada a través de sistemas de espionaje como Pegasus y otros, que no han sido facilitada por las autoridades castrenses.
Las grabaciones y transcripciones de las llamadas telefónicas recabadas en el Centro Regional de Inteligencia Militar Zona Norte en Iguala (CRFI) no fueron incluidas en la primera investigación de los hechos contra los jóvenes normalistas, y los mandos militares siguen negando acceso a ellas, comentaron los integrantes del GIEI.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pedirá al gobierno de la república, un mes más de trabajo en México para seguir las investigaciones del Caso Ayotzinapa y esclarecer las causas del desistimiento de órdenes de aprehensión en contra de participantes en los hechos.
La solicitud tendrá como fin esclarecer por qué la Fiscalía General de la República se desistió de la acción penal contra 21 personas, de las cuales al menos cinco son mandos militares.
El grupo de expertos no fue informado de las causas que llevaron a la cancelación de la acción penal en contra de los implicados, pese a que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez y que fueron elaboradas con base en la información recabada durante años por la Unidad de Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Quizá uno de los hechos más graves de intervención o intromisión en las funciones de la UICA se observa cuando se cancelan, se solicita la cancelación de órdenes de aprehensión, de las 83 órdenes de aprehensión. Entre las que se solicitan la cancelación por nadie de la UEILCA sino sin conocimiento, sin consentimiento de ninguna persona ni ningún funcionario de la UEILCA sino de funcionarios públicos externos, ministerios públicos externos, adscritos al juzgado son quienes solicitan la cancelación.
Claudia Paz y Paz hizo hincapié en que se ha minado el trabajo de la UEILCA hasta orillar a su extitular, Omar Gómez Trejo, a dejar el cargo.
Recalcó que con el retiro de las órdenes de aprehensión será imposible esclarecer lo que sucedió en el caso, además de que se desautoriza el trabajo de los jueces y de todos quienes han aportado pruebas.
Nos parece un hecho sumamente lamentable. Consideramos que Gómez Trejo actuó con integridad, con independencia, con profesionalismo, tenía la confianza de los papás. “No sólo es su renuncia sino ¿Por qué renuncia? Es por indebidas intromisiones en su trabajo”, expuso Paz y Paz.
Dijo que buscarán reunirse con el fiscal para que explique los motivos de las presiones hacia la UEILCA.
