Culiacán, Sinaloa. – El uso inadecuado de los recursos económicos y la falta de contratos formales, representan un grave problema fiscal, advirtió Sergio Enrique Beltrán Noriega, quien explicó que, para los algoritmos y herramientas de inteligencia artificial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cualquier depósito recibido en cuentas bancarias es considerado de forma automática como un ingreso gravable, por lo que los contribuyentes se exponen a sanciones si no cuentan con los documentos legales para demostrar el origen lícito de los recursos.
El especialista destacó datos del Banco de México que indican que el 80% de los mexicanos maneja efectivo y ahorra de manera informal, ya sea en casa o a través de tandas y fondos comunes, sin embargo, este tipo de prácticas conlleva vacíos legales que afectan jurídicamente a la persona.
“Para el SAT todo lo que cae en la cuenta bancaria del organizador es un ingreso y debe pagar impuestos, pero ¿cómo puedes tú, como contribuyente, demostrar que no es un ingreso, que no aumentó tu patrimonio, que es un ingreso de todos los ahorros? Pues con el contrato. Todo acto jurídico debe estar respaldado con un documento; ahí se requeriría el documento que le dé fe pública a todas las reglas del juego para que, en el momento en que la autoridad te moleste a través de sus instrumentos electrónicos de fiscalización, el contribuyente tenga con qué demostrarlo”.
Ofreció un panorama sobre lo que ha pasado con países desarrollados que han incluido la banca o las monedas digitales para que el gobierno tenga un control de las operaciones que realiza el empresario o el individuo y ver la trazabilidad del recurso económico, es decir, de dónde se obtuvo el dinero, cuándo, hacia dónde se fue ese recurso y quién fue el beneficiado.
Beltrán Noriega analizó los retos que trae consigo la reciente aprobación de la Ley de Economía Digital en México, compartiendo su opinión y haciendo una invitación a la comunidad a reflexionar sobre temas estructurales de actualidad como la cobertura real de internet en el país, el impacto económico de las comisiones bancarias, la ciberseguridad, la protección de datos personales y la seguridad energética.
