Escuinapa, Sinaloa. – En una semana el Congreso del Estado iniciará su segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima cuarta Legislatura.
Entre los temas polémicos que habrán de abordarse en esta temporada están la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que ya se encuentra en proceso de dictamen.
También, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Melendrez, la agenda contempla una reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Participación Ciudadana para ampliar la Revocación de Mandato a presidentes municipales y diputados.
“Ya a nivel federal, en la Constitución, se establece que la revocación de mandato aplica para el presidente y los gobernadores. Nosotros vamos a promover, y esto es parte de programa ya acordado en la Junta de Coordinación Política, una reforma a la Constitución local de Sinaloa, a la Ley de Participación Ciudadana para que en Sinaloa se establezca la revocación del mandato popular que aplique, no sólo para el gobernador, que aplique para los presidentes municipales y para los diputados locales”, expresó.
En una conferencia de prensa celebrada en Escuinapa para oficializar la adhesión de la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto a la bancada de Morena, el líder de la Jucopo dio a conocer que en el programa acordado por todas las fuerzas políticas también se contempla regresarle al Congreso sus facultades de fiscalización.
“Parte del programa Legislativo ya aprobado va reforma a la Constitución y reforma a la Ley de la Auditoria Superior del Estado justo para restituirle al Congreso del Estado sus facultades de fiscalización que le otorga la Constitución General de la República. Es más, Sinaloa está considerado como las legislaciones más atrasadas en cuanto a fiscalización se requiere”, dijo.
Recordar que, en 2017, el Congreso del Estado aprobó quitarle a la Comisión de Fiscalización la facultad de emitir los dictámenes sobre las cuentas públicas bajo el argumento de quitarle el sentimiento político a la hora de emitir el sentido de la propuesta.
Esa facultad conferida a la Auditoria Superior del Estado es la que se busca regresar al Poder Legislativo para que en el pleno se discutan las cuentas públicas de todos los entes fiscalizados.
