El mandato que recibimos de los ciudadanos en el proceso comicial de junio de 2021 es absolutamente claro: Sinaloa exige un genuino gobierno democrático para avanzar en la construcción de la paz que requieren las familias, donde se hagan valer las garantías de seguridad para la vida, los bienes y los derechos de los hombres y mujeres de la entidad.
Un gobierno que reivindique una nueva ética pública, donde predominen la honestidad, la eficiencia y la convicción de la responsabilidad en el servicio público. La ciudadanía expresó en la elección, su avidez de contar con gobernantes cuyos actos y palabras no anulen la congruencia y que no hagan del servicio público una condición de privilegio.
Vamos a trabajar por esto. Por un ejercicio de gobierno austero y eficiente, de apego irrestricto a los principios de legalidad, transparente y cuya gestión se oriente a lograr el bienestar de los ciudadanos.
La primera tarea para encaminarnos al logro de esos objetivos, es darle un renovado sentido a la función pública, propiciando la regeneración ética de las instituciones de gobierno y combatiendo la corrupción, la ineficiencia y la falta de empatía con los problemas cotidianos de los ciudadanos.
La democracia es una obra colectiva, ordinariamente recreada mediante comportamientos cívicos y decisiones de gobierno, con una sociedad civil vigilante y servidores públicos que rindan cuentas y ofrezcan servicios de calidad a la ciudadanía, todos en el marco del Estado de Derecho.
El desarrollo democrático, presupone un diálogo constante y múltiple entre el gobierno, las instituciones, los organismos políticos y sociales y la ciudadanía. Por ello, nos decidimos por la libre interlocución con todos los actores y sectores, pero también, y sobre todo, por escuchar la voz del ciudadano común.
Queremos un Sinaloa con paz, y sabemos que la paz, sólo puede ser fruto de la justicia. Nace del respeto profundo de la vida y los derechos de los otros, se afinca en los valores de respeto, trabajo y solidaridad, que deben transmitirse en la familia, la escuela y las instituciones públicas.
Si la paz exige justicia como condición, la justicia necesita de la seguridad, y ésta sólo es posible con instituciones sólidas, que cuenten con la confianza de la ciudadanía por su apego irrestricto al Estado de derecho.
La legitimidad y eficacia de las instituciones deriva de su apego a la legalidad y a una ética pública escrutable por los medios y las y los ciudadanos.
Por ello, aquí mismo establecemos el compromiso –la política pública– de ejercer un gobierno abierto, legal y moralmente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y de convocatoria constante a la participación ciudadana.
Congruentes con esta definición, nos proponemos también fortalecer y dotar de la mayor eficacia la política de controles internos y de fiscalización del uso de los recursos públicos. La opacidad es un lastre para la democracia que no debemos seguir cargando.
El reto de la seguridad es mayúsculo y es la principal exigencia ciudadana. Es, además, la obligación primordial del Estado. Así lo entendemos y lo asumimos como gobierno. Para conquistar la paz, es necesario crear las acciones que la propician, al tiempo que, con una visión de largo aliento, reformemos y fortalecemos nuestras instituciones y estrategias de seguridad.
Con esta visión de futuro, daremos el mayor impulso y apoyos posibles para consolidar en breve tiempo la Universidad de la Policía, iniciativa de valor estratégico en materia de seguridad para Sinaloa.
Igualmente relevante, es adaptar la función del gobierno a las realidades de la sociedad
