Culiacán, Sinaloa. – El Congreso del Estado dio primera lectura al dictamen que expide la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
En la sesión ordinaria de este martes, los diputados conocieron el documento que de aprobarse obligará a las autoridades a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.
Además, deberán implementar y operar las medidas de prevención y de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de ejercer dichas actividades.
El dictamen establece que toda agresión a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas será atendida e investigada, por las autoridades correspondientes, de manera inmediata y oficiosa. Tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque de derechos humanos diferenciado, dependiendo, entre otros, los de identidad y perspectiva de género.
Cabe destacar que el dictamen contempla la creación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Este Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones y entre sus facultades se contempla elaborar su plan de trabajo anual, que deberá ser aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto y presentar ante el Congreso del Estado su informe anual de actividades.
Entre las responsabilidades de este estará presentar las denuncias o quejas correspondientes ante las instituciones de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas, y establecer acciones de capacitación, coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, así como con otros órganos y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
