Por Martha Lilia Roquet
Culiacán, Sinaloa. – En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado aprobó la interrupción legal del embarazo en Sinaloa
Con 28 votos a favor, 2 en contra de la panista Giovanna Morachis Paperinni y del priista, Luis Javier de la Rocha y 9 abstenciones aprobaron en lo general las reformas al Código Penal, la Ley de Salud, Código Familiar, Código Civil, y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En sesión extraordinaria se acordó que será hasta las 13 semanas el tiempo límite, y con ello se da paso a la despenalización, es decir, que no meterán a la cárcel a una mujer o persona gestante por abortar.
En el dictamen se establece que comete el delito de interrupción del embarazo la mujer o persona gestante que finalice de forma anticipada el proceso de gestación, después de la décima tercera semana.
A la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá una amonestación, y de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar a la autoridad judicial.
Previo a la votación, Giovana Morachis, diputada del Partido Acción Nacional, tomó la tribuna para señalar que no se trataba de un asunto de derechos, sino reflexionar desde dónde comienza la vida.
“Estoy aquí por el posicionamiento de Acción Nacional, su política filosófica de defensa a la vida y por lo tanto creemos que el humanismo en Acción Nacional es lo principal que mueve a la política”, señaló.
Por su parte la diputada de Morena, Cecilia Covarrubias González, durante su participación en tribuna a favor de la despenalización del aborto, dejó en claro que su partido no fue el que alentó el tema del aborto en Sinaloa.
“Con los anteriores gobiernos han dado pasos gigantescos, en acuerdo y tratados internacionales que nos está llevando a este punto a un punto sin retorno y nosotros lo celebramos y abrazamos este momento donde haremos historia”, aseveró.
Cabe destacar que otros aspectos contemplados en el dictamen establecen que:
– Los médicos tendrán derecho a objeción de conciencia, es decir, quienes por cuestiones morales o personales decidan no practicar la interrupción, podrán hacerlo.
– No obstante, las instituciones públicas de salud están obligadas a garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para asegurar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles.
